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CON UN PASO
AL COSTADO
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El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Edmundo Peláez Bardales, sostuvo que si el magistrado Avelino Guillén obtiene la titularidad de la Fiscalía Suprema, tendrá que apartarse de los juicios que se le siguen al ex presidente Alberto Fujimori.
Manifestó que la obligación legal de los magistrados del Ministerio Público que logran alcanzar la plaza de fiscal supremo es de dejar los casos que en la actualidad trabajan, y hacerse cargo de otros nuevos.
Precisamente, Guillén Jáuregui participa como adjunto del fiscal supremo titular, José Peláez Bardales, quienes asumieron en exclusividad los juicios a Fujimori.
La actuación del fiscal Guillén en el juicio a Fujimori ha sido destacada por los abogados de la parte civil por demostrar conocimiento en los casos y su capacidad de litigar en las audiencias, sobretodo cuando se trató de interrogar a los miembros del grupo Colina.
“En el caso que algún fiscal obtenga la plaza, tendría que dejar los casos que conocen en la actualidad. Por ejemplo si Avelino Guillén fuera nombrado, tendría que dejar las funciones en las que está y ocuparse como fiscal titular de otros temas”, manifestó el presidente del CNM.
Este hecho no ocurre con los vocales que también participan en el concurso para alcanzar las dos plazas de fiscales supremos, pues tienen la obligación de concluir sus procesos, indicó.
El ex presidente Fujimori es procesado desde setiembre del año pasado por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves por las matanzas en Barrios Altos y la Cantuta, y por los secuestros en el sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).
Se estima que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema concluya este proceso en noviembre próximo, para después iniciar otros dos juicios por delitos de corrupción relacionados a los casos de Interceptación Telefónica, Cable Canal de Noticias, Congresistas Tránsfugas y la "indemnización" por $ 15 millones a Vladimiro Montesinos.
Peláez Bardales aseveró que una eventual alejamiento de Guillén del juicio por violaciones a los derechos humanos no generaría mayor inconveniente, puesto que –estimó- el concurso concluiría recién a mediados de octubre, casi al termino del primer proceso al ex mandatario.
“El Ministerio Público se maneja bajo el principio de unidad, entonces adoptarían las medidas del caso, no creo que se presenten inconvenientes”, señaló.
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TRADUCEN PEDIDO
DE EXTRADICIÓN
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El Ministerio de Relaciones Exteriores traduce al idioma inglés el pedido de extradición de dos agentes del grupo Colina, Edgar Cubas Zapata y Augusto Venegas Cornejo, y en los próximos días lo remitirán a Estados Unidos para su posterior aprobación, según informó la abogada de los deudos, Gloria Cano.
Precisó que el documento que está en poder de Cancillería es el que la Primera Sala Anticorrupción subsanó recientemente, puesto que las autoridades estadounidenses plantearon algunas observaciones mínimas, pero que era necesario corregir.
Señaló que el pedido de extradición busca que ambos ex agentes del destacamento militar Colina, que fugaron del país años atrás, retornen para ser procesados por la muerte de 25 personas en un solar de Barrios Altos, ocurrido el 13 de noviembre de 1991.
De acuerdo a la acusación, Cubas Zapata y Venegas Cornejo, integraron los subgrupos del destacamento Colina, que dirigió el entonces capitán Santiago Martín Rivas.
Ambos ex agentes del grupo Colina, autor también de la matanza de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, han sido acusados por el delito de asociación ilícita para delinquir.
Sin embargo, no se descarta que se les imputa luego el delito de homicidio calificado y lesiones graves, como a los otros encausados.
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FUJIMORI EN CAPILLA
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El régimen penitenciario al que se encuentra sometido actualmente el ex presidente Alberto Fujimori podría variar nuevamente en los próximos días y verse endurecido contra los deseos de sus seguidores y de su abogado defensor Cesar Nakasaki, quien hoy día no asistió al proceso.
Al inicio de la audiencia el presidente del tribunal que juzga a Fujimori Fujimori dio cuenta del envió de cuatro documentos al Instituto Nacional Penitenciario, entre ellos la acusación fiscal, donde se establece que al ex mandatario se le procesa por sus vínculos con una organización criminal: el grupo Colina.
La controversia se inicio al interpretar el INPE que por no estar acusado por el delito de asociación ilícita para delinquir, Fujimori no estaba vinculado a una organización criminal, requisito obligatorio de acuerdo a ley para someter a un interno al régimen cerrado especial.
Ahora corresponde al Órgano Técnico de Tratamiento (OTT) del INPE evaluar estos documentos, solicitados a través de la Corte Suprema de Justicia, establecer en definitiva si el régimen cerrado ordinario del que goza Fujimori Fujimori se mantiene o se regresa al más severo régimen cerrado especial.
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SEIS AÑOS PARA
DE VALDIVIA
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El Ministerio Público pidió que el ex vocal supremo Ramiro de Valdivia Cano sea condenado a seis años de prisión por presuntamente haber coordinado, como integrante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), un complot para evitar el referéndum que buscaba impedir la tercera postulación de Alberto Fujimori en las elecciones del 2000.
La acusación del fiscal supremo adjunto, Avelino Guillén, señala que De Valdivia Cano es responsable del delito de asociación ilícita para delinquir, por haber integrado una organización para beneficiar al ex mandatario en esa fecha, y así pueda postular por tercera vez.
En este dictamen, los ex integrantes del JNE Rómulo Muñoz Arce, Walter Hernández Canelo, José Bringas Villar y Luis Serpa Segura, también fueron acusados por la Fiscalía de coordinar con el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos un complot para evitar dicho referéndum.
La Fiscalía pidió además que Ramiro de Valdivia, Montesinos y los otros ex magistrados paguen 900 mil soles de reparación civil a favor del Estado, en forma solidaria.
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CASOS ‘ALJOVIN’
E ‘IVCHER’
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Vladimiro Montesinos deberá asistir hoy en doble horario a los juicios orales que se le siguen por los casos "Aljovin" e "Ivcher", en los que se le acusa de corrupción de funcionarios y cohecho agravado, respectivamente.
A las 9:30 horas en la Sala de Audiencias “Néstor Gambeta”-en la Base Naval del Callao, la Sexta Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, continúa el juicio oral seguido contra Vladimiro Montesinos por el delito de corrupción de funcionarios en agravio del estado, “Caso Aljovín”
Asimismo, a las 14: 00 horas, en el mismo escenario, la Cuarta Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima continúa juicio oral a Vladimiro Montesinos Torres, por los presuntos delitos de cohecho activo agravado y cohecho.
Esto por la supuesta autoría de diversas acciones, utilizando a jueces y funcionarios públicos para que proceda el despojo de la nacionalidad peruana del actual presidente del directorio de Canal 2, Baruch Ivcher, durante el gobierno de Alberto Fujimori. “Caso Ivcher”.
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CASO TULA BENITES
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La Fiscalía Suprema Contencioso Administrativo dictaminó a favor de ampliar por 30 días la investigación judicial a la suspendida congresista, Tula Benites, en el marco del proceso que le sigue por la presunta contratación de un “empleado fantasma” en su despacho parlamentario.
El titular de este despacho, José Pereira Rivarola, señaló que es necesario ampliar el plazo de instrucción para obtener la declaración del testigo clave, Eli Orlando Barreto Rojas, quien fue un trabajador de la parlamentaria, informó hoy el Ministerio Público.
Asimismo, solicitó que en este plazo se recaben información sobre los antecedentes judiciales de la procesada.
El testigo clave aseguró haber visto al presunto “empleado fantasma” Juan Cuadros Noriega, en el despacho de la Congresista; y cuando preguntó por él, le señalaron que laboraba para la parlamentaria en el Poder Judicial.
En ese sentido, la Fiscalía haciendo uso de lo que la Ley faculta, según prescribe el artículo 72º del Código de Procedimientos Penales, pidió la ampliación para terminar con la investigación.
La suspendida parlamentaria es procesada por el vocal supremo instructor, Carlos Zecenarro, por supuestamente contratar irregularmente a Juan Cuadros Noriega en su despacho parlamentario, pese a conocer que éste no acudió ni un solo día a laborar.
El llamado “empleado fantasma” recibió remuneraciones sucesivas sin haber prestado servicios, señala la denuncia.
Benites es procesada a nivel de instrucción por los delitos de colusión, peculado y falsedad genérica.
El fiscal supremo Pereira Rivarola presentaría a mediados de octubre sus alegatos finales con respecto a la responsabilidad de Benites en este caso.
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El gobierno de los Estados Unidos remitió al tribunal que juzga al ex presidente Alberto Fujimori, 11 documentos desclasificados que dan cuenta de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante su gobierno (1990- 2000).
Estos expedientes han sido remitidas, a pedido de la abogada de las víctimas, Gloria Cano, a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, instancia que informó en la víspera que 11 de los 21 documentos desclasificados solicitados ya se encuentra en el tribunal para ser evaluados como material probatorio contra el ex mandatario.
La letrada manifestó que esta documentación contiene información referida a la conformación del grupo militar Colina, responsable material de las matanzas ocurridas en Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992).
Cano afirmó que estos expedientes confirman que en el gobierno de Fujimori se aplicó una doble estrategia de lucha contra el terrorismo: la política y la clandestina.
“Hay un documento que habla sobre la doble estrategia, da cuenta que desde el año 1990 ya se discutía en el gobierno una doble estrategia antisubersiva, una que tiene que ver de cara política y otra clandestina y de violaciones a los derechos humanos”, aseguró.
Manifestó que esta documentación fue elaborada por funcionarios del gobierno estadounidense, en base a las informaciones que recibieron de fuentes del Ejército de ese entonces, así como del mismo gobierno peruano, entre otras fuentes cuyos nombres se mantiene en reserva.
“Son documentos que ha enviado los Estados Unidos, tiene que ver con las matanzas en Barrios Altos, La Cantuta y el grupo Colina. Esta documentación fue elaborada en su oportunidad por funcionarios americanos que tenían contacto con el Ejército y a nivel gubernamental, y que luego fue trabajada por la inteligencia americana respecto a estos casos”, señaló.
La abogada refirió que la entidad norteamericana encargada de publicar estos documentos desclasificados es The Nacional Security Archive NSA (Archivo de Seguridad Nacional) de los Estados Unidos.
Dicho organismo remitió los 21 documentos desclasificados, pedidos por la defensa de las víctimas, pero los cuales solo llegaron 11, y en los próximos días remitirían al tribunal los 10 restantes, vía cancillerías, anotó Cano.
En la víspera, la secretaría de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, informó durante el juicio al ex mandatario, que los 11 documentos remitidos serán traducidos al idioma español.
Para la representante legal de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, esta documentación es importante porque permitirá determinar aún más la responsabilidad de Fujimori de haber ordenado violaciones a los derechos humanos durante su gobierno, y de su conocimiento sobre el grupo Colina.
Informó que adicionalmente ha pedido al tribunal recoger el testimonio de la perito internacional, Kate doyle, “para que explique a la Sala la importante de este documento, y cómo se tiene que hacer lectura de estas pruebas”.
El ex presidente Fujimori es procesado por los delitos homicidio calificado y lesiones graves por su presunta autoría intelectual en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
También se le imputa haber ordenado los secuestros del periodista, Gusavo Gorriti,y el empresario Samuel Dyer, tras el golpe de Estado del 5 de abril de 1992.
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